LA DIMENSION POLÍTICA DE LA DISCAPACIDAD
En el ámbito de la esfera pública, la discapacidad no es un tema que suscite mayores atenciones, ni se la relaciona con un colectivo que tenga algún atisbo de influencia. El poder nos es esquivo, claro que eso no signifique desconocer que existan en algún lugar algunas personas con discapacidad que gracias a sus méritos detente cierta investidura pública. Pero, en términos de colectivo, aún existe un proceso embrionario por elevar la problemática social a un problema político en el que se ponga en juego la prioridad de nuestros intereses.
En América Latina cada vez más hay mayor conciencia por reivindicar nuestros derechos, y a la par, cada vez más se siente la crueldad de la exclusión social. Tras más de una década de ajustes estructurales, de aplicación de un modelo liberal de economía de mercado, de privatización y reducción del gasto fiscal, el Estado ha dejado de asumir sus ya escasas responsabilidades. En el Perú, el debate de la Constitución fujimorista del año 1993, el entonces ministro de salud llegó a sostener que la problemática de las personas con discapacidad era un asunto de las familias... Entre tanto, estudios de organismos del BID, expresados por Bernardo Klingsberg, señalaban que, como resultado de los ajustes se tenía en el continente la existencia de siete grupos vulnerables, entre ellos, el de las personas con discapacidad.
Si para algunos, las políticas macroeconómicas han generado estabilidad y crecimiento, no podemos dejar de lado que los estudios señalan que para mantener el mismo nivel de vida, de pobreza se entiende, precisamos mantener un 6 por ciento de crecimiento anual. Claro que detrás de ese crecimiento, cosechado por unos pocos, se oculta grandes exclusiones, abandonos y vergonzosas desigualdades.
En medio de ello hay una lucha: entre esos pocos que sostienen que se debe asegurar la estabilidad y el crecimiento económico, reduciendo el papel del estado y dejando que las leyes del mercado regulen la vida social, y quienes como nosotros, señalamos que ese modelo económico sólo agudiza las desigualdades, que en esa lógica de mercado jamás tendremos acceso a la seguridad social, a la educación, y menos al empleo. En definitiva, que dentro del capitalismo no es posible la inclusión social de las personas con discapacidad.
Ciertamente, cuando la tendencia mundial del empleo, por señalar un tema, en la medida en que incrementa su calificación y reduce su volumen, el desempleo se agudiza generando grandes movimientos migratorios, en ese contexto, de qué posibilidades de inclusión productiva de personas con discapacidad es posible hablar, si la realidad nos dice que no hay empleo para persona sin discapacidad, por lo que la propia OIT reconoce un desempleo en la PEA con discapacidad de alrededor del 80 por ciento. Y sin empleo, no se puede acceder a costosos servicios de salud privados, ni la educación ni a nada.
En el Perú, con un 54 por ciento de población por debajo de la línea de pobreza, tenemos diversos grupos sociales que luchan por sobrevivir, entre ellos al nuestro. Es evidente que en América latina, la pobreza y la exclusión, es el lugar social del colectivo de las personas con discapacidad.
Pues bien, entonces la lucha por la rehabilitación, la salud y la seguridad social, la educación inclusiva, el empleo decente y la vivienda adecuada; en suma, por la inclusión social, es una lucha política, no sólo por el reconocimiento de derechos, sino por el poder que permita el ejercicio del derecho.
En esa perspectiva, como señala la Carta de Paraguay (RLOMPD 2005), “luchar por la integración de las personas con discapacidad esta relacionado con la lucha contra la pobreza y las estructuras de poder que sostienen una condición de exclusión social de diversos grupos sociales vulnerables” (párrafo 30).
Elevar nuestra lucha a una solidaridad política, integrada con otros sectores excluidos, exige nuestra participación ciudadana, lejos de arribismos y políticos advenedizos, requerimos afinar nuestro sistema de representación, de calificar nuestros cuadros dirigenciales, de salir de nuestra mirada casera de la discapacidad y abrirnos a la realidad y compromiso con el devenir de nuestros pueblos.
Por ello, si para nuestros compañeros y compañeras del norte, las personas con discapacidad de los países desarrollados, hay principios que se debe tener en cuenta en las políticas sobre discapacidad, por lo que en Paraguay se ha dicho: no hay “vida independiente” sin la satisfacción de las necesidades básicas de las personas con discapacidad. Entonces, desde la realidad de las personas con discapacidad en los países en desarrollo, podemos afirmar el “Principio de Liberación”, como el primer principio en las políticas sobre discapacidad, entendiéndolo en sus dimensiones individuales y colectivas, relacionadas con el reconocimiento de la dignidad y superación de complejos, asumiendo nuestras limitaciones y capacidades, de superación de estructuras de dominación que determinan condiciones de exclusión social.
Dicho esto, la visión de algunos tecnócratas de la discapacidad que pretenden desconocer esta dimensión política, que teorizan proyectos supuestamente a favor de los discapacitados y que en no pocos casos sólo la instrumentalizan, vienen a cumplir un papel paternalista y reaccionario en nuestro proceso de integración. Priorizar la participación ciudadana de las personas con discapacidad es clave en el proceso de inclusión social, y su liderazgo en un Frente de los Excluidos de nuestro pueblo continente es una tarea impostergable.
En América Latina se está en franco proceso y no será nada de extrañar cuando en los próximas años tengamos legítimos representantes de nuestro colectivo, en el municipio, las cámaras de diputados y senadores y por qué no como primeros mandatarios de la nación, autoridades electas y responsables ante el pueblo y su Frente de Excluidos.
